La finalidad de esta guía es proponer y facilitar la inclusión de criterios sociales en la contratación pública de servicios sociales.
Entendemos que las Administraciones públicas deben optar por la contratación de entidades y empresas que no solo puedan realizar una prestación con calidad, sino también aportar un valor añadido en la cohesión social, la solidaridad, la igualdad de género, la inserción social y laboral, la atención y la participación de personas y colectivos vulnerables, la calidad en el empleo, el desarrollo territorial y el medioambiente.
Esta afirmación general se manifiesta con mayor evidencia al referirnos a los servicios sociales y de atención a las personas, que tradicionalmente ha sido llevada a cabo por organizaciones no lucrativas y de la economía social, con una larga experiencia, un fuerte compromiso, con equipos capacitados y profesionales. Sin embargo, en la provisión de estos servicios conviven las ofertas de entidades sin ánimo de lucro y sociedades mercantiles multiservicio, lo que constituye una competencia, en algunos casos, desigual.
La selección de la mejor oferta no puede fundamentarse en el precio más bajo. Deben prevalecer la calidad y el buen servicio a las personas destinatarias. Las propuestas consiguientes proponen incorporar criterios éticos, sociales, medioambientales y de responsabilidad social mediante su inclusión en diferentes fases o clausulados del procedimiento de contratación de cualquier Administración pública.
